“El tema hoy es un infierno“, dijo Damián Canuto (PRO) en medio de los cruces por el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos al gobernador, diputados y diputadas y jueces. La comisión de Desarrollo Humano de la Legislatura de Neuquén no lograba esta tarde acordar un único texto hasta que Darío Peralta (Unión por la Patria) planteó aprobar la propuesta del oficialismo, sujeta a revisión, y continuar discutiéndola en Asuntos Constitucionales. Lo que parecía imposible sucedió: la iniciativa arañó su primer despacho.
El bloque que representa al gobernador Rolando Figueroa y sus aliados buscaba que el proyecto avanzara. No querían dilatar más el asunto. A la reunión llegaron con una propuesta casi cocinada, aunque en el debate se vio que le faltaban algunos minutos más de horno.
Francisco Lepore (Avanzar) fue el encargado, una vez más, de explicar cómo quedaría el texto definitivo. Este control “antidoping” provincial excluirá a los policías, ya que actualmente la ley orgánica de la fuerza les impone test periódicos. Quedarán afuera también los candidatos y candidatas que se presenten a elecciones. “Es muy engorroso”, afirmó. Si ganan estarán alcanzados por la ley.
Quiénes sí deberán hacérselo serán el gobernador y su vice, el gabinete completo, legisladores, vocales del Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales y defensores de todos los fueros y el fiscal de Estado. Se lo harán como mínimo una vez al año y serán sorpresivos y aleatorios (esto significa que no sabrán en qué momento les puede tocar). El costo correrá por cuenta de cada persona.
En la reglamentación (que hará el Ejecutivo) se establecerá cómo se tomarán las muestras y cuál será la autoridad de aplicación. Hay diputados que no quieren que sea el ministerio de Salud sino el de Seguridad.
Hay una disputa vigente sobre si debe alcanzar a integrantes del Consejo de la Magistratura, del Tribunal de Cuentas y directores provinciales. Aún no se definió.
Lo mismo con las sustancias a detectar: va a haber una consulta a Salud para hacer la enumeración final.
100% conforme no van a quedar con ningún proyecto, aseguró Lepore.
“¿Lo vamos a rajar o no lo vamos a rajar?”
El eje del conflicto está en las sanciones. El proyecto del oficialismo indica que ante un resultado positivo está la posibilidad de una contraprueba. Preventivamente se suspenderá al funcionario por el término de tres meses, sin goce de haberes. Una vez finalizado este plazo se reiterará el control. Si no cambió, se activarán los procedimientos constitucionales. Por ejemplo, una fiscal irá a un jurado de enjuiciamiento que es el ámbito para que sea juzgada.
Marcelo Bermúdez (PRO) consideró que el único castigo posible ante un positivo reiterado es la destitución. ¿Lo vamos a rajar o no lo vamos a rajar?, chicaneó. Federico Méndez (Comunidad) criticó esta postura y sostuvo que no podían quedar a merced de un control bioquímico desde el poder que podía ejercer presión.
El ida y vuelta fue en un tono tan elevado que el despacho parecía naufragar. El jefe de la bancada de Comunidad, Ernesto Novoa, se lamentó: no tenemos ahora los votos, no podemos estar estancados tanto tiempo, tenemos que salir de este pantano.
Bermúdez, que es parte del oficialismo e impulsor de una de las iniciativas que sintetizaba el despacho, insistió con que la ley no tenía finalidad sino se iba a remover del cargo a las personas que dieran positivo. “Sí flaco, hay un procedimiento“, le lanzó un ya cansado Lepore.
Peralta, autor de uno de los proyectos y que guardaba sus diferencias por ejemplo en la periodicidad del testeo, mocionó para emitir despacho y que Asuntos Constitucionales tome la posta en su próxima reunión del 26 de agosto. Esa será la instancia para terminar la cocción.
Fuente: www.rionegro.com.ar