El caso del bebé de Rancul es un conflicto legal, político y social en La Pampa centrado en la disputa por la adopción de un niño de siete meses entre la familia de contención que lo cuidó desde recién nacido y el sistema judicial, que asignó su adopción a otra familia según los canales oficiales.
El gobernador Sergio Ziliotto remitió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, el informe elaborado por los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia y Salud.
La respuesta oficial reconoce las facultades de control de la Legislatura pero plantea que deben ejercerse “dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”, especialmente por tratarse de un caso que involucra a un niño y datos protegidos por normas de rango constitucional.
El Ejecutivo pidió que la Cámara “precise e individualice” las actuaciones administrativas y las piezas concretas que pretende consultar, con el argumento de evitar requerimientos genéricos o indeterminados.
Además fijó otro límite: solicitó que Diputados se abstenga de requerir información que implique revisar decisiones judiciales. Sobre ese punto, sostuvo que cualquier documentación de naturaleza judicial debe ser solicitada al Poder Judicial, como organismo competente para resolver sobre su acceso.
De esta manera, el Gobierno provincial respondió formalmente al requerimiento de la comisión investigadora pero al mismo tiempo delimitó el alcance que atribuye a la facultad de control legislativo en el caso.
El Ejecutivo cerró su presentación ratificando que está dispuesto a entregar la información que corresponda y que se encuentre dentro de sus competencias, al tiempo que invocó la protección de los derechos del niño y de la familia involucrada.
El Poder Ejecutivo sostuvo que respondió el requerimiento legislativo “con estricto apego al marco legal vigente”, teniendo como principios el funcionamiento institucional, el interés superior del niño y el deber de reserva sobre la identidad, intimidad y vida familiar de las personas involucradas.
En ese sentido, planteó que la Cámara debe precisar e individualizar las actuaciones administrativas y las piezas concretas cuya consulta considere necesaria, además de indicar su relación con cada uno de los puntos del requerimiento.
Según el Ejecutivo, esa precisión es necesaria para evitar pedidos “genéricos o indeterminados” y para delimitar el ejercicio de las facultades de control de la Legislatura dentro de las competencias que establece el ordenamiento jurídico.
El Gobierno también pidió a Diputados que se abstenga de requerir declaraciones o documentación que implique revisar el mérito o conveniencia de decisiones judiciales o interferir con organismos que tienen competencias específicas.
En particular, señaló que la información de naturaleza judicial deberá ser solicitada, en caso de corresponder, al Poder Judicial, que es el organismo competente para determinar las condiciones de acceso a ese tipo de actuaciones.
El caso se encuentra bajo análisis de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, creada para analizar presuntas irregularidades vinculadas con la actuación de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La comisión ya había solicitado al Ejecutivo los expedientes y documentación que estuvieran en su poder.
El Poder Ejecutivo, finalmente, ratificó su disposición a brindar la información que corresponda y se encuentre dentro de sus competencias, pero remarcó que ese proceso debe compatibilizar el control legislativo con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias.
Fuente: www.eldiariodelapampa.com.ar