Un proyecto de ley presentado en la Legislatura propone crear un Registro Provincial de Personas Inhabilitadas para el Ejercicio de la Función Pública (REPRI), con el objetivo de centralizar y actualizar la información sobre quienes tengan una inhabilitación vigente para desempeñarse en cargos públicos.
La iniciativa, presentada por el bloque del Partido Justicialista, plantea que el registro alcance a los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales.
Según los fundamentos del proyecto, actualmente existiría una dispersión de la información sobre las inhabilitaciones judiciales, lo que dificultaría los mecanismos de control y podría generar situaciones en las que una persona legalmente impedida de ejercer una función sea designada por desconocimiento o falta de articulación entre los distintos organismos.
Consulta obligatoria antes de las designaciones
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa establece que la información del REPRI deberá ser consultada obligatoriamente antes de cualquier designación en la administración pública provincial.
La obligación alcanzaría a cargos de planta permanente, planta transitoria, cargos políticos y personal contratado de los tres poderes del Estado, además de organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado provincial.
El proyecto establece que deberán ser incorporadas al registro las personas que cuenten con una sentencia judicial firme de inhabilitación, de acuerdo con la legislación vigente.
La autoridad de aplicación propuesta es el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, o el organismo que en el futuro lo reemplace en materia de Justicia.
Entre sus funciones estaría administrar y mantener actualizado el registro, garantizar la seguridad e integridad de los datos, centralizar la información enviada por el Poder Judicial provincial y federal y establecer mecanismos de interoperabilidad con otros registros similares.
También tendría la facultad de establecer convenios de colaboración con distintos juzgados y organismos para facilitar el intercambio de información.
Un registro confidencial
El proyecto establece que la información contenida en el REPRI tendrá carácter confidencial y deberá ser administrada de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.
Al mismo tiempo, contempla la publicación de estadísticas periódicas sobre las inhabilitaciones vigentes y los tipos de delitos o faltas que les dieron origen, aunque preservando la identidad de las personas cuando corresponda.
Asimismo, el proyecto establece que la permanencia de una persona en el registro estaría vinculada directamente con el período de inhabilitación establecido en la sentencia judicial.
Una vez cumplido ese plazo y acreditada la rehabilitación, la autoridad de aplicación debería disponer la baja de oficio dentro de los cinco días hábiles.
De esta manera, la iniciativa busca que el registro no opere como una incorporación permanente de antecedentes, sino como una herramienta vinculada a la vigencia efectiva de una inhabilitación.
Qué plantean los fundamentos
La propuesta sostiene que la creación del REPRI permitiría fortalecer los mecanismos de control estatal y garantizar que la idoneidad y la ausencia de impedimentos legales para ejercer una función pública puedan ser verificadas antes de una designación.
Fuente: criticasur.com.ar