El Poder Ejecutivo de Río Negro envió a la Legislatura el proyecto que establece un régimen de afiliación voluntaria al Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) y habilita a los agentes públicos a elegir otra entidad para su cobertura médica. El gobernador Alberto Weretilneck había anunciado la iniciativa el 10 de septiembre en sus redes sociales oficiales. El texto llegó con Acuerdo General de Ministros, modifica la Ley K 2753 y alcanza a los trabajadores activos de la administración provincial y municipal, a los jubilados y a los pensionados. La magnitud del cambio surge de los informes del organismo remitidos a la Legislatura: el instituto tiene 103.000 afiliados obligatorios, que además tienen a cargo la cobertura de su grupo familiar.
Con el articulado ya ingresado, quedó resuelto el punto que más dudas generó desde el anuncio. Si un afiliado cambia de obra social, se transfiere el 100% de su aporte personal, que hoy equivale al 4% del sueldo para los activos y al 5,5% para los pasivos. La contribución patronal del 7%, que pagan la Provincia o los municipios, seguirá ingresando de manera íntegra y exclusiva al Ipross, y el proyecto prohíbe expresamente transferirla a las entidades privadas receptoras. Ese 7% queda con destino fijo: el 3% para el Plan Oncológico y los planes especiales con cobertura total, el 2% para el Plan de Discapacidad, prestaciones especiales y prótesis, y el 2% restante para el Plan de Farmacia Ambulatoria y Enfermedades Crónicas. Según los fundamentos oficiales, esa afectación busca habilitar la libre elección sin afectar los programas de alta complejidad ni la función solidaria del instituto.
Doce meses en la primera prestadora y 36 para los cambios siguientes
Durante la semana pasada, las comunicaciones públicas daban plazos distintos: la oficial hablaba de 12 meses de permanencia, mientras el gobernador mencionaba tres años para volver. El articulado combina ambos. Quien elija otra prestadora deberá quedarse al menos 12 meses en la primera entidad receptora, y para las opciones posteriores rige una permanencia de 36 meses antes de un nuevo cambio o de pedir la reincorporación al Ipross. La opción tendrá efecto desde el primer día del segundo mes posterior a su presentación. Antes de concretarla, el instituto deberá informar al afiliado de manera fehaciente qué cobertura abandona, qué plazos mínimos rigen y en qué condiciones puede regresar.
Para quienes decidan volver, el regreso al Ipross será sin períodos de carencia. Si la cobertura externa se interrumpe por causas ajenas al afiliado, como la rescisión por parte de la empresa, la reincorporación será automática aun antes de cumplirse el plazo mínimo. Los tratamientos en curso seguirán a cargo del Ipross hasta que el cambio entre en vigencia, y desde ese momento la nueva entidad deberá continuarlos sin interrupciones. Los jubilados y pensionados cuyos haberes liquida un organismo previsional nacional quedan en una situación distinta: su derivación de aportes requiere un convenio específico, y hasta que se firme no tendrán acceso a la opción.
La libre elección no alcanza a todos. Quedan afuera quienes ocupen cargos electivos o de designación política y las autoridades superiores de los tres poderes, de los organismos de control y de las empresas estatales, tanto provinciales como municipales. El Ejecutivo justificó la restricción en el principio de “ejemplaridad”. El proyecto también fija que, si el plan contratado cuesta más que el aporte transferido, la diferencia la paga el afiliado, y que ni el Estado, ni los municipios, ni el Ipross responderán por faltas de cobertura de la entidad elegida. Como referencia, en 2025 el aporte mensual promedio de los afiliados obligatorios rondó los $77.000, mientras que en la Justicia y en los organismos de control los montos disponibles se acercarían a los $200.000.
Libre elección, desfinanciamiento y la disputa por la conducción
En los fundamentos, el Gobierno presentó la reforma como una respuesta a reclamos de trabajadores activos y pasivos y como parte de la modernización del instituto. Weretilneck sostuvo en esa línea que “el IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado”. La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, dijo en Radio Noticias que “muchos empleados públicos van a seguir eligiendo a Ipross”. Desde el Ejecutivo descartan una salida masiva de afiliados.
En la Legislatura, los primeros apoyos llegaron de bloques con proyectos propios. El presidente del bloque PRO-Unión Republicana, Juan Martin, anticipó una posición favorable, sujeta a analizar el texto oficial, y planteó que lo importante es que “esto signifique una mejor atención de salud para los trabajadores del Estado provincial”. La legisladora de Primero Río Negro Yolanda Mansilla recordó que había presentado una iniciativa con el mismo objetivo en abril de 2024. El proyecto 129/2026, de Martina Lacour y Mansilla, propone modificar la misma Ley K 2753 y ya había ingresado a la Comisión de Asuntos Sociales.
Entre los gremios, las posiciones se dividen. UPCN rechazó la iniciativa, propuso que las organizaciones sindicales administren el Ipross y sostuvo que sus responsables actuales “deberán reconocer su incompetencia, dar un paso al costado y abrir una nueva etapa”. La UnTER calificó la propuesta de liberar la elección como algo que “no es más que una absoluta mentira” y exigió conocer el texto completo antes del debate, un pedido que el ingreso formal del proyecto ahora cubre. Sitrajur habló de un intento de privatización. En otra sintonía, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, respaldó la posibilidad de optar y afirmó que “la solidaridad no está en riesgo”, aunque pidió que la obra social pase a un directorio con mayoría de representantes de activos y jubilados.
Desde la oposición, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, pidió constituir la Comisión Especial Legislativa de Seguimiento del Ipross, prevista en el artículo 60 de la Ley 2753, antes de avanzar con la reforma. “Una reforma de esta envergadura no puede impulsarse de manera unilateral”, sostuvo el legislador, que también había cuestionado las distintas versiones sobre los plazos de regreso que circularon antes del envío.
El oficialismo apunta a tratar el proyecto en la sesión del jueves 24 de septiembre, mientras Vamos con Todos anticipó que insistirá con la comisión de seguimiento. Si la ley se sanciona, el Ejecutivo tendrá 120 días desde su publicación para reglamentarla. En ese lapso, el Ipross deberá definir el procedimiento de opción, firmar convenios con las entidades receptoras y armar el sistema de información previa para los afiliados.
Fuente: www.adnsur.com.ar