El gobierno del intendente Walter Cortés se presentó como querellante con el patrocinio del abogado Ricardo Mendaña en la causa penal contra el exintendente Gustavo Gennuso, por presuntas irregularidades en la contratación de maquinaria vial a una empresa del Alto Valle, y hoy mostró expectativas de que en el transcurso de este mes se avance en la audiencia de formulación de cargos.
Ayer desde la órbita del Gobierno se difundió una resolución del fiscal Inti Isla que extendió los plazos para la investigación preliminar y en paralelo libró un oficio al exintendente Gennuso y otros cuatro exfuncionarios municipales de Bariloche para hacerles conocer la existencia de la investigación preliminar a los efectos de que puedan designar abogados defensores particulares o solicitar la defensa pública.
Este diario consultó a Gennuso quien hasta este mediodía no había sido notificado del expediente que de manera preliminar está encuadrada con el delito de malversación de caudales públicos.
Movimiento en la causa a un año y medio de la denuncia
La decisión de la fiscalía sorprendió porque pasó casi un año y medio desde la denuncia radicada por Cortés a fines de 2024 para que se investigue si existieron irregularidades en el alquiler de maquinaria de la empresa OPS SACI, una firma que al momento de ser contratada había presentado la quiebra. Pero el abogado Mendaña, en conferencia de prensa, consideró que “está próxima la formulación de cargos”.
A su entender, la resolución del fiscal “deja ver entre líneas que habría encontrado elementos para avanzar con la causa”, por eso libró el oficio a los presuntos involucrados. Dijo además que Isla ya cuenta con una pericia contable que ordenó realizar el año pasado.
Mendaña anticipó que como patrocinante de la Municipalidad de Bariloche en esta causa penal solicitará que se declare la investigación como una “causa compleja” fundamentando esta excepción en la “pluralidad de acciones” que tiene el expediente y de este modo “duplicar los tiempos” de investigación. Además dijo que pedirá al fiscal formular cargos.
La querella quiere determinar la responsabilidad no solo del exintendente Gennuso, por ser la máxima autoridad de la administración durante la que se acordó el alquiler de 18 máquinas viales a la empresa OPS SACI, sino también del exsecretario de Obras Públicas, Carlos Cairo; el exsecretario de Hacienda, Diego Quintana; el exsubsecretario de Obras y Servicios Públicos, Eduardo Garza; y la exdirectora general de Políticas Tributarias, Lilian Baroni.
El fiscal en principio libró el oficio para notificar a los cinco exfuncionarios, sin embargo Mendaña aclaró que también había pedido determinar si tuvo algún tipo de responsabilidad en un hecho irregular la apoderada de la empresa con la cual el municipio contrató.
Las presuntas irregularidades que señala el abogado del municipio
El abogado neuquino dijo hoy que fue contratado por el intendente exclusivamente para esta causa penal y de su análisis de la información colectada, existen elementos para determinar que existieron irregularidades y un accionar que se encuadra con algún delito contra la administración pública por parte de los exfuncionarios.
Enumeró que el gobierno anterior contrató a una empresa en quiebra, y ese punto está prohibido por la normativa local; que no se llamó a licitación y que en el concurso de precios realizado solo OPS SACI tenía las maquinarias que se buscaba alquilar, por lo que sugirió que se trataba de una compra “direccionada”; y afirmó que luego del contrato original hubo otros acuerdos no escritos.
Mendaña también remarcó que “parte de la documentación no se encuentra o porque no se realizó o porque se hizo desaparecer” y afirmó que “el perjuicio contra el Municipio está suficientemente probado” en tanto la empresa reclamó por la vía administrativa una deuda de 15 millones de dólares a la Municipalidad por el alquiler de maquinaria vial durante 4 años.
El letrado señaló además que otro de los puntos a investigar es “si el objetivo era sacar esos vehículos del radar de los acreedores (atento a la declaración de la quiebra) y ponerlo en un Municipio para evitar que lo reclamen”. En este punto la investigación debería ser orientada también a la empresa.
Fuente: www.rionegro.com.ar