El Concejo Deliberante de Ushuaia elevó un documento a la Legislatura provincial, solicitando que se derogue el Capítulo I de la Ley 1075, que atribuye el cobro del impuesto inmobiliario a la provincia.
La minuta de comunicación, que surgió en defensa de los recursos para garantizar la autonomía municipal, resultó aprobada por los concejales Juan Carlos Pino; Gabriel de la Vega; Javier Branca; Laura Avila y Mariana Oviedo; con la ausencia de sus pares Juan Manuel Romano y Ricardo Garramuño.
El documento dirigido a la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura provincial, Mónica Urquiza, y por su intermedio al Cuerpo de Legisladores, solicita “la derogación del título primero del impuesto del hecho y base imponible, de la parte especial del libro segundo, de la Ley Provincial N° 1075 a partir de la entrada en vigencia de esta última”.
Asimismo plantea que resulta “imperiosa la necesidad de conformar una mesa en conjunto con este Cuerpo deliberativo apelando al diálogo político y retrotraer lo solicitado, teniendo en cuenta que afecta directamente a los municipios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande”.
Antes del tratamiento legislativo de la minuta de comunicación junto a sus pares, el presidente del Concejo, Juan Carlos Pino, se refirió al fallo de la Corte Suprema que mantiene los alcances de la Ley y otorga a la provincia la potestad de cobro del impuesto inmobiliario. “Como concejales y defensores de la autonomía que le corresponde al municipio, no podemos dejar de expresarnos sobre esto porque si se implementara esta medida, afectaría seriamente al municipio, económicamente”, dijo.
Consideró que “esta situación se puede resolver a través de la política. Apelamos respetuosamente a que la Legislatura, quienes tienen la potestad de hacerlo, para que puedan derogar el artículo de la Ley 1075 para que los municipios puedan recibir y administrar los fondos que les corresponden”, y afirmó que para ello, “es fundamental apelar al diálogo y a la voluntad política”.
Pino indicó que “la autonomía municipal tiene que ver con la situación económica que atraviesan los ejecutivos”, por lo que “esta situación dejaría vulnerables a los tres municipios, porque esta Ley, en su artículo 32, establece que el 60 % de la recaudación del impuesto inmobiliario es coparticipable, cuando hoy el 100% es competencia de cada uno de los municipios, tanto la recaudación como el destino de esos fondos”.
Reiteró que “esta resolución, se puede resolver de manera política” y recordó que los cuatro Ejecutivos (provincial y 3 municipios) han logrado la reelección en listas de unidad, por lo que prevalece “el diálogo permanente”, y apoyado en esa relación política saludable, “permitiría que hoy podamos lograr los consensos para que se pueda tratar este tema en la Legislatura provincial”, sostuvo el Presidente del Concejo Deliberante.
La sesión ordinaria continuará el próximo miércoles
La 4ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante pasó a un cuarto intermedio, y se reanudará el próximo miércoles en el recinto ubicado en Gobernador Paz y Piedrabuena.
Entre los asuntos pendientes de tratamiento, se incluye el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal para endurecer las sanciones por incumplimientos a la ordenanza Nº 5283, que prohíbe la prestación y el ofrecimiento de servicios de transporte de pasajeros que no sean los habilitados por la Municipalidad.
El proyecto plantea multas de entre 6.000 a 10.000 UFAs para choferes que se encuentren transportando pasajeros en infracción a la normativa; así como para quienes sean descubiertos ofertando, publicitando o gestionando herramientas de oferta de dichos servicios. Teniendo en cuenta que la UFA (Unidad Fija a Aplicar) será equivalente a $163 durante el semestre julio-diciembre, las multas irían de $978.000 hasta $1.630.000.
En ese mismo sentido, la Municipalidad impulsa sanciones más elevadas para los taxistas que no cumplan con la normativa que regula el servicio: faltas leves (de 300 a 1.000 UFAs) y faltas graves (de 1001 a 3.000 UFAs).
También se encuentra pendiente el tratamiento del Decreto Municipal –que requiere ratificación legislativa- mediante el cual se autoriza el incremento en la tarifa de taxis, llevando la bajada de bandera a $500.
En sesión ordinaria, los ediles además analizarán el convenio mediante el cual la Municipalidad se compromete con Agrotécnica Fueguina a abonar poco más de $978 millones en reconocimiento de los mayores costos que le generará a la empresa la ejecución del acuerdo laboral de pago de indemnizaciones a los trabajadores. Dicho acuerdo surgió a partir de la extinción del vínculo laboral, al generarse en marzo pasado la finalización de la prestación anterior y un nuevo contrato del servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Fuente: www.eldiariodelfindelmundo.com