Tras una no muy explicada demorada, finalmente los Legisladores aprobaron el proyecto de ley que estableció un nuevo Régimen Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas. Si bien el proyecto fue tratado en comisión de economía y recibió dictamen favorable en dos oportunidades, ello no evitó que ayer se generará debate en torno a los alcances de un artículo, incluido a pedido de la Agencia de Recaudación Fueguina, que posibilitaba que el ente recaudador pudiera dar de baja el beneficio en caso de detectar inconsistencias en la declaración jurada presentada por el contribuyente al momento de acogerse al régimen de regularización.
La redacción acordada por los parlamentarios mantiene vigente la facultad de la AREF de fiscalizar en cualquier momento la exactitud de la declaración jurada de deuda para detectar potenciales inconsistencias. En ese supuesto, se dará un plazo de 30 días para que el contribuyente realice la rectificación correspondiente y pueda incluir dentro del plan de pago el nuevo monto de la deuda. En caso de renuencia o de sospecha de estar ante una conducta defraudatoria, la AREF quedará habilitad a dar de baja el plan de pago y disponer la pérdida total de los beneficios otorgados.
A diferencia del proyecto original, el aprobado ayer contempla beneficios diferenciales en función de la categoría del contribuyente. Para micro, pequeñas empresas y contribuyentes en general se fijó para el pago en 1 cuota la remisión del 100% de cargos; para 2 a 12 cuotas, remisión al 80% y 2% de interés sobre saldo; para 13 a 24, 60% y 2,5%; de 25 a 48, 40% y 3%, y de 49 a 84, 20% y 3,5%.
En tanto, los Grandes Contribuyentes (más de 1.000 millones de peso) podrán regularizar deudas en 1 pago con una bonificación del 60% en cargos; o en 2 a 12 cuotas con una remisión del 40% e interés del 3%; de 13 a 24, 30% y 3,5%, y de 25 a 48 con el 20% y 4% de interés. La votación de este proyecto arrojó un resultado de 14 a favor, ya que el legislador Coto (LLA) debió ausentarse de la sesión para resolver un tema personal, y luego retomar su lugar en el recinto.
También sin disidencia alguna resultó aprobada la creación del Régimen Provincial de Iniciativa Privada, para incentivar que el sector privado financie inversiones en infraestructura, innovación tecnológica o científica que el Estado no está en condiciones de afrontar.
Otro de los proyectos aprobados por unanimidad, fue el que declaró de interés público provincial, y como objetivo prioritario y estratégico, la finalización y habilitación de la Ruta Provincial 7 que vincule la urbanización de la margen sur de Río Grande y la Ruta Nacional 3. Sobre el particular, desde la bancada oficialista se dejó en claro que todavía resta terminar de resolver temas legales y presupuestarios para lograr el fin buscado.
Fuente: eldiariodelfindelmundo.com